El panorama político del país se encuentra atravesado por el proceso de paz que se lleva a cabo en este momento en La Habana, Cuba, entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC - EP) y el Gobierno colombiano. A pesar de los acuerdos a los que se han llegado en dicho escenario, las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos por parte de diferentes actores, paramilitares, Fuerza Pública, FARC, ELN, entre otros, sigue siendo un acto recurrente en la realidad colombiana, especialmente contra comunidades en situación de vulnerabilidad como indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, niños, defensores y activistas de derechos humanos.1 Así mismo, la polarización social y política frente a dicho proceso ha sido un elemento constante a lo largo del 2015, convirtiéndose en un obstáculo para el tratamiento íntegro de derechos humanos y para la erradicación de la tortura. 

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