Desde el inicio de la República, las relaciones sociales, políticas y económicas en el Perú se configuraron a partir de los remanentes del colonialismo y el régimen estamentario y semifeudal. Además, la falta de una élite que pudiera implementar un proyecto nacional hegemónico integrador y funcional, entre otros factores, estableció formas violentas de relación entre peruanos expresadas a través de una profunda discriminación, inequidad de oportunidades, injusticia, pobreza, clasismo, racismo, impunidad, etc. Sin embargo, la emergencia de Sendero Luminoso en 1980 significó un punto de quiebre en el frágil contrato social entre peruanos.

La sociedad peruana contemporánea registra claramente este hito: antes de la irrupción de Sendero Luminoso y después de la derrota de Sendero Luminoso. El mencionado movimiento subversivo terrorista fue una amenaza fundamentalista que tuvo como fin la completa desestructuración del Estado.

Con la derrota de Sendero Luminoso, la eliminación del Movimiento Túpac Amaru, otro de los movimientos subversivos; el derrumbe del gobierno corrupto y violador de derechos humanos de Alberto Fujimori, el retorno y alternancia de los gobiernos democráticos y los esfuerzos por fortalecer las instituciones públicas en una democracia, el Perú entró a un período de post-conflicto, etapa transicional que todavía no ha terminado. Todavía nos encontramos en un período de reconstrucción
nacional, y el grado de violencia presente antes, durante y después del conflicto armado sigue marcando las relaciones sociales entre peruanos. Asimismo, la violencia ha trascendido los esfuerzos, muchas veces lentos y frustrantes, del Estado y la sociedad por fortalecer instituciones públicas que lleguen a todo el país y construir por primera vez una ciudadanía inclusiva de las mayorías excluidas.

Así, si bien la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes es la modalidad de violación de los derechos humanos más extendida en el Perú, el Estado peruano realiza acciones insuficientes para prevenirla y sancionarla, sin dar plena garantía de acceso a la justicia a las víctimas y a la debida reparación en su dimensión integral. Tampoco brinda la debida protección a las víctimas de tortura y a sus defensores, que han sido objeto de amenazas, hostilizaciones y atentados contra su vida.
El Estado peruano no cuenta con lineamientos especializados para la rehabilitación de la persona torturada. Cabe señalar, sin embargo, avances en materia de formación y capacitación en derechos humanos a instructores policiales y personal penitenciario, mediante la suscripción de convenios interinstitucionales con diversas instituciones privadas y públicas. Asimismo, es digno mencionar la reciente promulgación de una ley en el Congreso de la República que amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo para constituir el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Tortura y el Derecho a la Rehabilitacion en Peru

 

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